¿Transgénicos en Suelo Peruano?
La Revista Agraria Vol. 92, 12-13 (febrero de 2008)
Publicada como suplemento del Diario La República el 27 de febrero de 2008
http://www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm
El Jefe del INIA, Dr. Juan Risi, reconoce que “el resumen que nos ha dejado [la Dra. Antonietta Gutiérrez] no nos da luces para concluir si efectivamente hay o no transgénicos en Barranca”.
A través de un estudio científico realizado durante los dos últimos años, la bióloga y especialista en genética, Antonieta Gutiérrez Rosati, comprueba lo que ya es un secreto a voces: desde hace varios años, el Perú importa granos de maíz genéticamente modificados.
Pero lo principal es que, según su investigación, en el país se siembra maíz amarillo duro (MAD) transgénico. Gutiérrez —con estudios posdoctorales en ingeniería genética en la Universidad Eberhard-Karls de Tübingen (Alemania), y directora del Centro de Investigación en Recursos Genéticos, Biotecnología y Bioseguridad (CIRGEBB) de la Universidad Nacional Agraria La Molina— encontró que varias muestras de MAD recogidas en el valle de Barranca, en donde llevó a cabo su investigación, dieron positivo para dos tipos de modificaciones genéticas: NK603 (producido por la empresa estadounidense Monsanto y que permite que los cultivos sean más resistentes a los herbicidas) y BT11 (producido por la empresa suiza Syngenta, que hace que los cultivos sean más resistentes al ataque de insectos).
De confirmarse este descubrimiento, la investigación habría puesto al descubierto un hecho de suma gravedad, porque la presencia de organismos vivos modificados (OVM) conlleva el riesgo (todavía objeto de debate) de contaminación genética y reducción de la biodiversidad —proceso que se da cuando un gen extraño pasa a formar parte del genoma de una planta nativa por medio de la polinización.
Y si la producción, comercialización o consumo de material transgénico se da al margen de la ley, como sería el caso, el riesgo es mayor. En el caso específico del MAD transgénico descubierto por Gutiérrez en Barranca, lo que estaría en juego es nada menos que uno de los dos mayores bancos de diversidad genética del mundo: Perú (que, junto a México, es el país con mayor riqueza en variedad de maíz del mundo).
De acuerdo con Flavio Moreno —presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo—, en nuestro país existen especies de maíz muy exquisitas, muy requeridas y muy buscadas, especialmente los maíces de la sierra. De hecho, el Perú está buscando do exportar variedades de maíz nativo a mercados que no permiten el ingreso de transgénicos, como la Unión Europea (UE). ¿Qué pasaría si los controles de calidad de estos países detectan que hay presencia de transgenes en nuestros maíces de exportación? «Como gremio, nosotros nos hemos manifestado contra los cultivos transgénicos y estamos alarmados por los resultados del trabajo de Gutiérrez —señala Moreno—. Soy especialista en genética aplicada y conozco los graves problemas que puede traer la introducción de moléculas de ADN ajenas a la especie, como la degeneración de las variedades nativas».
Más allá de si los transgénicos pueden causar o no un efecto nocivo a la biodiversidad nativa o a la salud, lo que está claro es que su presencia en el país es ilegal, lo que incrementa los riesgos. «Existe un protocolo de bioseguridad internacional (el protocolo de Cartagena), aprobado el año 2000, y que pone reglas administrativas al movimiento transfronterizo de todo organismo vivo modificado, incluidos los commodities como el maíz», señala la doctora Gutiérrez.
Adicionalmente, está la Ley 27104, Ley de Bioseguridad —aprobada en 1999—, que regula todo lo concerniente a los OVM y que señala que cualquier uso de estos debe estar sujeto a un «acuerdo fundamentado previo», es decir, la autoridad competente debe tener conocimiento y emitir una resolución que indique si aprueba o desaprueba el uso de un determinado OVM. En pocas palabras: se trata de hacer un análisis de riesgo que permita saber si un determinado material transgénico puede ser beneficioso o negativo para el Perú.
Lamentablemente, a seis años de aprobada la ley, su reglamento aún brilla por su ausencia y, por lo tanto, la misma es inaplicable. De acuerdo con Juan José Risi —jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)—, el reglamento de la Ley de Bioseguridad está en proceso de aprobación, pero debido a que «la ley no le da al INIA capacidad sancionadora, para que el reglamento entre en vigencia,primero hay que modificar la ley». Y esa es sin duda una de las tareas más urgentes de la hora en el tema de cultivos transgénicos: terminar de definir el marco legal que lo regule.
Pero su falta de conclusión no debe ser impedimento para que las autoridades tomen nota de la investigación de Gutiérrez; hasta el momento, sin embargo, las reacciones han sido principalmente de rechazo. Por ejemplo, Ernesto Bustamante, presidente del Colegio de Biólogos del Perú, ha descalificado su informe sindicándolo —en una columna de opinión publicada en el diario El Comercio a fines de enero— de formular conclusiones falsas e incoherentes que se explicarían por los «errores groseros de orden procedimental y de control de calidad ». Por su parte, Risi sostiene que el INIA «no pone en tela de juicio los hallazgos de la doctora Gutiérrez, pero el resumen que nos ha dejado no nos da luces para concluir si efectivamente hay o no transgénicos en Barranca». Gutiérrez, por su lado, asegura que viene trabajando en un informe más amplio, en el que demostrará los protocolos y procedimientos utilizados en su trabajo.
Lo cierto es que este es un tema que todavía está muy lejos de obtener la atención que merece de parte de nuestras autoridades y la opinión pública. Los cultivos transgénicos son difíciles de detectar en el campo —después de todo, físicamente no se diferencian en nada de los otros—, y ubicarlos requiere de estudios laboriosos como el de Gutiérrez. Sin embargo, su impacto en los cultivos nativos puede ser fenomenalmente alto, y ese es un precio que un país como el nuestro, cuyo principal capital futuro es la biodiversidad, no debería estar dispuesto a pagar.
Adicionalmente, numerosos alimentos que contienen material transgénico entran hace años al país, sin ningún tipo de control o filtro, y sin que el consumidor se entere. Por eso, el gobierno del presidente García debería mostrar la misma celeridad que pone en otros temas, a fin de consolidar el marco legal ideal que se requiere para afrontar los retos que impone este tema, antes de que sea demasiado tarde.
