lunes, 17 de noviembre de 2008

Debate sobre Transgénicos -El Comercio

DEBATEN LOS ESPECIALISTAS EN MESA REDONDA DE EL COMERCIO

Diario El Comercio, lunes 17 de noviembre de 2008

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-11-17/se-requiere-mayor-investigacion-sobre-efectos-transgenicos.html

Se requiere mayor investigación sobre los efectos de los transgénicos
Algunos expertos temen que se ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Otros señalan que lo transgénico y lo orgánico pueden coexistir en el país

Por Iana Málaga / Bruno Ortiz


De un tiempo a esta parte, el debate sobre los cultivos transgénicos ha ido ganando más fuerza. Hay posiciones encontradas --todas fundamentadas-- sobre si son buenos o no, sobre su incidencia en la salud de las personas que los consumen y sobre si nuestro país debe abrirles las puertas o no. Sin embargo, aún existen muchas dudas y reticencias al respecto, principalmente por la falta de información.

Con la finalidad de ahondar en los diversos aspectos de un tema de tanta importancia para el futuro del Perú, El Comercio organizó la mesa redonda Transgénicos: Definición de Políticas de Estado, que contó con la participación de investigadores, productores y representantes del Gobierno. El encuentro fue moderado por Francisco Miró Quesada Rada, director de esta casa editora, así como por Martha Meier Miró Quesada, asistente de la dirección, y Juan Paredes Castro, editor central de Política. Durante el diálogo se expusieron las razones por las que el Perú debe ser declarado un territorio libre de cultivos transgénicos, y las que apoyan el ingreso de estos cultivos producto de grandes empresas transnacionales.

La principal preocupación de quienes se oponen al cultivo de transgénicos y a la dependencia de las empresas internacionales que monopolizarán las semillas es el posible impacto negativo que puedan tener esos productos en nuestra biodiversidad. "La homogeneización de los cultivos puede destruir el equilibrio de nuestra biodiversidad, que es justamente nuestra mayor riqueza", indicó Gastón Benza Pflücker, presidente ejecutivo de Sierra Exportadora, quien pidió que no se confunda la biotecnología de mejoramiento de alimentos con la tecnología de transgénicos.

¿CONVIVENCIA POSIBLE?
Ernesto Bustamante, decano del Colegio de Biólogos del Perú, replicó que los cultivos transgénicos no son lo opuesto a los orgánicos, y que, "por lo tanto, existe la posibilidad de que ambos tipos de cultivo coexistan y resuelvan las necesidades del país". De la misma opinión fue Luis Destefano, profesor de la Unidad de Genómica de la Universidad Cayetano Heredia, quien agregó que esta tecnología ayudaría a resolver problemas causados por sequías o heladas. No se dieron ejemplos de lugares donde esto hubiese ocurrido.

"La introducción de transgénicos nos traería diversos problemas ambientales, como contaminación por polinización cruzada. El país es, además, depositario de una milenaria sabiduría que ha domesticado variedad de especies adaptadas a nuestra realidad ecológica", explicó el doctor Luis Gomero, presidente de la Sociedad Nacional del Ambiente y miembro de un panel de 400 expertos que ha realizado el mayor estudio mundial sobre transgénicos, dirigido por el doctor Robert Watson, científico en jefe del Departamento para el Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido.

A su turno, la parlamentaria Fabiola Morales, quien viene trabajando una propuesta para etiquetar los productos que entre sus componentes cuentan con transgénicos, señaló que el país debe decidir cómo insertarse en el mercado mundial de productos agrícolas y que hoy los mercados valoran lo natural, lo saludable.

Antonio Brack, ministro del Ambiente, señaló que la discusión se debe basar en lo que el Perú puede ofrecer según sus capacidades. "Es un tema que se debe discutir objetivamente y saber que la decisión será tomada en nombre de nuestros hijos y nuestros nietos", indicó. Agregó, además, que son varias las entidades que deben tomar cartas en el asunto y que resulta contraproducente que solo un organismo pretenda encargarse del reglamento de bioseguridad.

Ante ello, Juan Risi, jefe del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), replicó que era necesario contar con un reglamento de bioseguridad en agricultura, y que el INIA era la entidad encargada. Lamentó que hasta ahora no se haya publicado el reglamento de la Ley 27104, que esa institución elaboró en el 2002. El ministro Brack indicó que otras instancias debían tener injerencia y opinión en dicho reglamento.

La ingeniera agrónoma y productora de verduras orgánicas María Teresa Uranga incidió en la importancia de que el contenido de esos documentos sea de dominio público, y refirió la enorme ventaja comparativa del Perú con los productos orgánicos y la agricultura natural basada en 10.000 años de investigación por los antiguos peruanos y por nuestros campesinos.

¿SIN DAÑOS COLATERALES?
Durante la mesa también se debatió sobre la urgencia de contar con investigaciones que demuestren fehacientemente que los transgénicos no son perjudiciales para la salud humana. Al respecto, Benza Pflücker dijo que esto tomará un largo período, y solo luego de comprobar que los alimentos genéticamente modificados no producen efectos negativos en las personas ni en el ambiente se podrá empezar a debatir su cultivo en el Perú. A su vez, la ingeniera Uranga advirtió sobre la lógica preocupación por los posibles daños en la medida en que no se tienen informes que den cuenta sobre los beneficios de los transgénicos frente a la agricultura natural.

Por su parte, Alfredo Menacho, director y miembro del Consejo Ejecutivo de ÁDEX, sostuvo que, ante la falta de un consenso científico mundial que señale que los transgénicos no son dañinos, esta institución tiene dudas sobre si en realidad conviene introducir estos productos o no, y agregó que, más allá de las investigaciones, "hace falta demostrar en el terreno de los hechos que estos alimentos son inocuos".

En busca de que el consumidor tenga la última palabra, la congresista Fabiola Morales recordó que la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso ha presentado un proyecto de ley que exige que todos los alimentos transgénicos sean etiquetados. "El objeto de la norma es garantizar el derecho a la información que tienen los ciudadanos sobre los alimentos que compran", dijo.

Jaime Delgado, presidente de Aspec, apoyó la propuesta de la legisladora, pero recordó que etiquetar los productos transgénicos ya es obligatorio, pues la misma Constitución reconoce tal derecho. Además señaló que en 1985 la ONU aprobó una serie de directrices que establecen que las personas deben ser informadas sobre lo que consumen; etiquetado con el que se mostró en desacuerdo el decano del Colegio de Biólogos.

Tomando en cuenta el plano internacional, Benza Pflücker añadió que en países como Venezuela, Brasil, Chile, Alemania e Inglaterra existe una política muy clara sobre el etiquetado de los alimentos y urgió a que lo mismo se haga en el Perú. "Todos los productos de procedencia transgénica que ingresen al país tienen que ser etiquetados", reclamó.

Sin embargo, Bustamante replicó que es iluso etiquetar los alimentos libres de transgénicos porque por debajo del 0,9% de su composición es imposible detectar si contienen proteínas modificadas genéticamente.

Más allá de las posiciones encontradas, los invitados coincidieron en que hace falta más transparencia e información sobre la legislación, la participación de distintas entidades y los intereses comerciales detrás de los transgénicos.

La Ley 27104 y su reglamento
En 1999 se promulgó, sin mayor debate ni información a la población, la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología (27104), la cual tiene entre sus finalidades "proteger la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica".

Esta norma se aplica para la investigación, producción, introducción, manipulación, transporte, almacenamiento, conservación, comercialización, uso confinado y liberación de organismos vivos modificados (OVM). No contempla las actividades en genoma humano, las vacunas para seres humanos y otras.

Su reglamento se aprobó en el 2002 a través de un decreto supremo, pero hasta hoy no se publica. En él se establecen las instituciones responsables, los procedimientos de registro para quienes realicen actividades con OVM y los procedimientos para la evaluación y gestión de riesgos.