Poner en valor los recursos naturales, ¿para quién?
Diario La República 3 de Noviembre de 2007
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Por Humberto Campodónico
Ciertamente, existen pequeños sectores que no quieren ninguna explotación. Pero son los menos. Sin embargo, con ese argumento se pretende también incluir como "opositores radicales" a los que plantean que la explotación de los recursos naturales debe cumplir con los estándares ambientales y sociales de la legislación vigente.
Por ejemplo, la ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, establece que en los parques nacionales no puede haber extracción de recursos naturales. Pero hay un proyecto del Ejecutivo que pretende recortar el Parque Nacional Bahuaja Sonene para la explotación de gas. ¿Por qué? En Brasil, como en Perú, existe esta legislación. Y Petrobrás la cumple. ¿Exigir que se cumpla la ley es ser perros del hortelano?
Cuando Yanacocha, en el 2004, quiso explotar yacimientos de oro en el Cerro Quilish, la población se opuso porque estimaba que se depredarían los acuíferos de la zona. Yanacocha insistió, pero finalmente se dio cuenta de su error y se rectificó públicamente en un comunicado (www.cristaldemira.com, 6/11/2004).
Ahora bien, si los proyectos de explotación de recursos naturales cumplen con la ley y se procede a su explotación, la cuestión central es: ¿Quién se beneficia con su "puesta en valor"? Lo normal es que las concesiones mineras y los contratos petroleros reflejen un equilibrio económico que beneficie a las empresas y al Estado, porque la Nación es dueña de los recursos naturales.
Pero esto no sucede actualmente. Los precios internacionales están por las nubes, así como las utilidades de las empresas. En esta situación, el ejemplo de la provincia de Alberta, Canadá, es significativo, pues acaba de establecer que, si los precios del petróleo aumentan, también deben subir las regalías.
Léase bien, en Alberta se considera que no es suficiente el ingreso extra proveniente del impuesto a la renta (lo que también sucede en el Perú), pues plantea que la sobreganancia por el alza de precios no solo debe beneficiar al inversionista, sino que también debe ser extensiva al propietario del recurso natural.
Pero en el Perú eso no sucede, pues las modalidades de contratación no lo contemplan y el Estado no participa de las sobreganancias. Este impuesto fue planteado por los 2 partidos que llegaron a la segunda vuelta, pero el APRA incumplió su promesa.
Tampoco el artículo de García plantea modificar esa situación de ahora en adelante, proponiendo, por ejemplo, una cláusula de aumento de las regalías cuando aumenten los precios. No solo eso. Se firman nuevos contratos de estabilidad tributaria (con Majaz) que no contemplan participación en la sobreganancia y ni siquiera se habla de derogar el Art. 62 de la Constitución, que los hace inmodificables.
Así, las sobreganancias irán a las arcas de las empresas y no al Estado. Se pierde la oportunidad de que los recursos naturales financien el salto del país al siglo 21, con inversiones en infraestructura, salud, educación, modernización tecnológica y pleno aprovechamiento de las tecnologías de la información y del conocimiento.
El sentido de la "puesta en valor" de los recursos naturales (respetando el medio ambiente y los derechos de la población) implica reconocer que estos son de la Nación, a la cual le corresponde participar de sus beneficios. De otra manera, la "puesta en valor" valorizará, sobre todo, las acciones de sus inversionistas.
